En la última quincena el país ha presenciado señales de que el arduo esfuerzo de la administración nacional por revertir los efectos de una década de malas políticas fiscales y monetarias no estaría generando los logros esperados a una velocidad suficiente (baja del déficit fiscal y baja de la inflación).

El Gobierno actual recibió el estado con un déficit fiscal primario equivalente al 4,8% del PIB, y un déficit fiscal total del 6,2% (2015). Las medidas implementadas desde entonces, todas con el espíritu de arreglar gradualmente los desequilibrios económicos heredados apenas han logrado reducir los déficits primario y total hasta 3,9% y 6,1% en 2017, respectivamente; y al paso que se avanza en 2018 apenas lograría contraerlos hasta 2,7% y 5%.

El gradualismo se presenta relativamente como opuesto a lo que se conoce como “ajuste” (o “shock”). Es posible presentar una larga lista de sectores donde el Estado Nacional no ha aplicado un “ajuste/shock”, al menos en el sentido en que cierta parte de la sociedad aún en el presente denuncia; esto se evidencia en la abierta decisión del Gobierno por alargar la transición que permita alcanzar los equilibrios en hasta 2 a 4 años más, según sea el caso (sin contar los dos años ya transcurridos).

Un caso de gradualismo lo representan las tarifas energéticas: con el programa iniciado en 2016 para cerrar la brecha entre precios y costo de la energía, el consumo residencial de gas tenía en 2016 –en promedio– un subsidio del 73%, que en 2018 continuaría siendo aún (de mínima) del 15%, es decir, aun generará déficit fiscal. Similar situación se presenta en el sector eléctrico, aun con una recomposición tarifaria insuficiente para cerrar el rojo fiscal generado por este sector. No hay que perder de vista que el Gobierno ha implementado un programa para asistir a los argentinos en peor situación económica, la Tarifa Social, programa que continuará sosteniendo y profundizando durante 2018, ayudando a los sectores más vulnerables, al costo de generar un cierto déficit fiscal. En este contexto, la propuesta de ley instalada por la oposición en el Congreso de retrotraer las tarifas de luz y gas a noviembre de 2017 le costaría al Estado el equivalente a USD 6.000 millones, lo que significaría un empeoramiento del déficit equivalente a casi 1 punto del PIB, asoma como una medida inviable –se la mire por donde se la mire–.

El gradualismo económico también se cristaliza en las erogaciones previsionales y de asistencia social, donde en 2018 la Administración nacional encarará significativos desembolsos para cumplir con los haberes de Jubilaciones y Pensiones (una masa de pagos que ha crecido a una velocidad mayor que el nivel general de precios, por la entrada en vigencia del Programa de Reparación Histórica, que beneficiará a más de 2 millones de adultos mayores, que hasta 2015 cobraban por debajo de lo que les correspondía según los aportes que habían realizado) y el seguro social Asignación Universal por Hijo (con una base de niños cubiertos en 2018 mayor a la recibida en 2015, y ahora con actualización automática indexada a la inflación).

Resta incluir aquí también, como otro gran componente, los desembolsos que se deberán afrontar en 2018 para sostener los planes “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio”, programas que incrementaron fuertemente en número de beneficiarios (v.g.: Argentina Trabaja paso de 107 mil a 175 mil beneficiarios entre en diciembre de 2015 y noviembre de 2017).

Como se ve, la Administración nacional no ha ajustado en los sectores más sensibles, y está realizando grandes esfuerzos para mejorar la justicia intrageneracional, cuando así también en sentido universal. Podríamos decir entonces que todas las medidas sociales adoptadas en estos últimos dos años demuestran la responsabilidad de la Administración para contener la frágil situación socioeconómica de los argentinos (con un 25,7% de las personas por debajo de la línea de la pobreza durante el segundo semestre de 2017). Ser gradualista entonces sería sinónimo de ser responsable.

Aun así, las turbulencias de la última quincena (reflejadas principalmente en los mercados cambiario –suba del TC hasta casi $25– y financiero –suba de tasas de referencia interna hasta el 40%–), parecen señalar que la política económica no está encaminada por el sendero deseado. Por la elevada presión fiscal heredada (imposibilidad de incrementar impuestos –en términos reales–), el Gobierno debió basar su estrategia de financiación vía endeudamiento (principalmente con entrada de capitales extranjeros). Paralelamente, debió continuar monetizando el saldo no financiable (una emisión sin respaldo que en el último trimestre de 2017 terminó promediando 25%), que fue absorbido en gran parte por las LEBAC’s.

La reciente y sostenida suba de tasas de la FED y los bonos del Tesoro de los EE.UU. incentivó a una reasignación de carteras a nivel internacional, con influjo de capitales hacia ese país, lo que ha generado la depreciación de las monedas de la mayoría de países en desarrollo. Sin embargo, la depreciación del peso argentino (de $20,50 a 25, casi un 20% en 3 semanas) más que duplicó lo observado entre sus semejantes. La financiación vía deuda pública como la absorción monetaria vía LEBAC requiere ofrecer mayores tasas para seguir cautivando a los inversores ante el nuevo contexto externo (la tasa de interés de referencia –tasa de política monetaria– debió ser incrementada desde 28 hasta 40% en la última quincena). Esto evidencia que el gradualismo no estaría solucionando con la velocidad suficiente los desequilibrios heredados (sería un “gradualismo blando”), y estaría siendo la semilla –en última instancia– de la actual crisis cambiaria y financiera.

La actual posibilidad de disponer de un crédito del FMI por 30.000 millones de USD –si finalmente se concede– le permitirá al país bajar la tasa de interés promedio de endeudamiento, y posponer por un par de trimestres ciertas medidas que permitan contener la expansión del gasto público. Sin embargo, mientras la Administración nacional no logre llevar a cero el déficit público, continuará dependiendo del financiamiento, y el volumen de éste de la confianza del mercado, pero en caso de no ser suficiente nuevamente se enfrentará a la indeseable opción de emitir sin respaldo, con una recurrente mayor inflación, reeditándose el camino ya transitado entre 2008 y 2015 por el anterior gobierno.

La encrucijada es difícil: solo siendo doblemente responsable (máximo esfuerzo en lo social y en lo fiscal) el Gobierno logrará superar la compleja herencia recibida y dejar un país en relativo orden hacia 2020.

Por Nicolás Torre, docente de Macroeconomía y Política Económica en nuestra Facultad de Ciencias Económicas.

Fuente: Universidad Católica de Córdoba