Estuvieron los principales referentes del Gobierno provincial que intervienen en la regulación de los contratos que se establecen con las bodegas. Se brindó información importante para defender el precio de la producción, y se establecieron propuestas para implementar políticas que generen igualdad en la transacción comercial del productor con la industria.

El pasado viernes, la Sociedad Rural del Valle de Uco, organizó en sus instalaciones una importante reunión que tuvo como objetivo principal asistir a los productores en lo que se refiere a la compra y venta de uva, y los contratos que se han establecido con las bodegas a partir de la Ley 9133 y su alcance.

En referenciado encuentro estuvieron presentes funcionarios del Gobierno de Mendoza, pertenecientes a las principales áreas que intervienen en la regulación de los contratos de compra y venta de uva entre la industria y los productores: el Subsecretario de Agricultura Alejandro Zlotolov, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Alfredo Aciar, la Directora de Fiscalización y Control del Gobierno, Mercedes Zuluaga, y el representantes de la Bolsa de Comercio.

“La economía regional que genera la vitivinicultura está teniendo dificultades muy graves de precio. En el 2017 valía 25 pesos y en el 2019 la uva vale lo que la bodega decida. Hemos firmado precontratos por desesperación para colocar la uva, y nos colocamos en una negociación injusta, no hay posibilidad de negociación (…) No podemos hacer nada porque nuestra producción se echa a perder, estamos atados y nuestra economía se cae a pedazos”, manifestó un productor de Tupungato. Por su parte, otro productor de San Carlos explicó: el malbec de La Consulta lo pagan a 17 pesos, y el últimos cheque a cobrar el año que viene, una misma uva que el año pasado se pagó a 25 pesos. A quién le discutimos? No podemos quejarnos con nadie”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco Mario Leiva explicó que se necesitan generar acciones para fortalecer la Ley 9133: “nosotros nos sentimos conformes con esta Ley y con lo hecho por el Gobierno. Pero lo que creemos que debemos seguir generando acciones para fortalecer esta Ley y además buscar soluciones para los problemas de la producción regional. Hemos logrado esta Ley pero no es suficiente para frenar la posición dominante de las bodegas, y consideramos que el árbitro para regular esta situación es el Estado”, referenció Leiva.

En relación a esto, los funcionarios del Gobierno provincial explicaron: “El objetivo de esta Ley provincial (9133) es corregir una relación de transacción comercial, y darle un instrumento legal para que cada productor tenga a mano una herramienta que regule las principales formas y reglas de juego con las bodegas, para que lo pautado no cambie”, explicó Alfredo Aciar, Jefe de Gabinete. El funcionario informó que por ahora, “la ley no está hecha para pautar un precio de referencia, ese es otro trabajo y otro paso que se debe generar. Al momento de trabajar sobre esta Ley consideramos que el accionar de la industria el año pasado había sido injusto, tras la crisis macroeconómica, y que se necesitaba una herramienta para fijar reglas”.

“Por el contexto actual esta Ley está inmersa en una situación de malos precios para los productores, y esto es una situación casual. Podría haber sido en el 2017 cuando hace dos años la uva tenía un precio mucho más elevado, y hoy estaríamos todos contentos. Nos tocó una situación donde hay excesos de uva, y hemos decidido ir adelante con la situación, evitando que las bodegas eludan comprar. Hay un excedente de vino, y se ha cosechado mucha más uva que el año pasado. La cosecha no se ha reducido y lo bueno es que toda la uva que se produjo entró a la bodega: en diciembre nos decían que la uva se iba a quedar en la parra, y eso no ocurrió, hoy la uva está en la bodega. Coincido en que los precios son bajos y en que este año no ha habido rentabilidad para el productor, y por eso sacamos leyes para ayudar al productor, y estamos actuando con acciones concretas, intentando llevar adelante operativos para cuidar al productor”, referenció Aciar ante los productores presentes, sintetizando que “el Fondo Anticiclico tiene 4 años de vida es decir para la temporada que viene de seguro habremos perfeccionado mejor la herramienta”.

Algunos puntos que establece la Ley sobre los contratos

  • Las autoridades presentes explicaron los detalles de la normativa y resolvieron dudas de los productores
  • En la compra y venta d ela uva, por Ley, existen dos instancias establecidas: una presente en el pre contrato que especifica detalles de la transacción y la mercadería, pactadas entre ambas partes. Y la otra, el contrato definitivo, el cual debe ser rubricado por la Bolsa de Comercio.
  • Ya hay 900 contratos definitivos presentados en la bolsa, y 3000 pre contratos, de los cuales la mitad son del Valle de Uco. A la misma fecha el año pasado, en la bolsa sólo habían 250 operaciones registradas. Es decir, que esta es una herramienta que ayuda al productor a regular la transacción.
  • Esta acción no está destinada a solucionar el precio y la rentabilidad de la actividad. Se debe solucionar con otros instrumentos.
  • Para más detalles de lo que debe contener el pre contrato y el contrato se pueden consultar en el Anexo 1 del decreto reglamentario: detalles para ver que se debe presentar en la Bolsa y se debe especificar en el contrato.
  • Las bodegas tienen obligación de presentar el contrato en la Bolsa de Comercio. El no presentar el contrato definitivo implica sanción para la bodega: el productor puede no firmar si no se presenta cláusula de ajuste.
  • Las bodegas pueden ser sancionadas por la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de Mendoza.
  • El precontrato debe establecer precio y cómo será el pago. La finalidad del pre contrato es asegurar que le van a comprar la uva el productor. Exceptuando esta última condición (la de compra de la uva) todos lo demás puede cambiar en el contrato definitivo.
  • Se debe hacer un acuerdo en el que exista conformidad entre las partes.
  • El pre contrato puede modificarse: es decir el contrato final  puede tener modificaciones. En el contrato se puede pedir cláusula de ajuste.
  • La cláusula de ajuste debe convalidarse por el acuerdo de ambas partes. Esta claúsula debe estar presente siempre y cuando estén de acuerdo las partes que intervienen
  • Existe un Tribunal Arbitral en la Bolsa de Comercio que resuelve situaciones que no se cumplan. Allí debe denunciarse. Si hay conflicto entre las partes por un acuerdo que no se ha cumplido, el Tribunal es intermediario antes de llegar a judicializar.

Propuesta de los productores para continuar con el trabajo que se viene haciendo

  • Contar con un organismo para que se fije el precio: que diferencia calidad. Precio de referencia de varietal del valle de Uco. “El precio del Valle de Uco no puede estar atado a la zona Este, porque además los productores han reconvertido. Necesitamos precio de referencia, pizarra y estamos trabajando para eso”, explicó Leiva. “Hemos hecho estudios para incorporar la uva y el vino a un mercado institucionalizado”.
  • También, el Gobierno provincial informó sobre el DNU lealtad Comercial. Un Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, próximo a reglamentarse por el presidente Macri. Esta nueva Ley, que debe ser ratificado por el Congreso, tiene artículos que regulan la posición dominante: “abusos de situación de dependencia económica”. El Gobierno provincial comenzará un trabajo para observar qué se puede aplicar desde esta Ley.