La Sociedad Rural del Valle brinda diversas consideraciones, respecto a porqué la industria no está cumpliendo con los contratos de compra y venta de uva, establecidos con la producción primaria.

A través de este comunicado, se brindan consideraciones varias en referencia al contrato de compra y venta de uvas de la actual temporada (18/19). Éste es un trabajo realizado por Dr. Hector Fernandez, productor y Asesor Letrado de la Sociedad Rural Del Valle De Uco.

Es de resaltar, que lejos de haberse logrado la certidumbre buscada con la actual implementación de la LEY 9133 (Dect. N° 225/19), respecto al productor, hay que decir que se volvió en su contra, ubica a la producción primaria en condiciones de inferioridad contractual evidente. Si se revisan los contratos realizados, estos no cumplen con lo articulado en la norma de referencia, ya que algunas bodegas no han realizado ningún contrato (Art. 3), y los que lo hicieron, incumplieron con las indicaciones del art. 4, no precisando el precio, ajuste alguno del mismo, como tampoco el plazo de pago.

También, es de resaltar la sobre exigencia para con el producto a entregar por parte del productor, y lo laxo para con los términos de cumplimiento de la bodega receptora del producto.

Existen casos en que, en una manifiesta autoprotección hacia sus obligaciones, la bodega fija precios muy por debajo de lo pagado hace dos o tres años atrás, evidenciando aún más que nunca, antes sutil, pero presente, la posición de supremacía entre las partes.

La implementación de dicha ley, lejos está de brindar al productor, pautas claras y previsibilidad en la percepción de sus acreencias, producto de la venta de su uva, sino que agrega requerimientos sobre abundantes respecto a calidad y demás, que solo hacen acrecentar más su vulnerabilidad.

Es necesario arbitrar urgentemente esta situación por parte de los organismos de control, o se trasformara en una trampa condenatoria al pequeño productor, quedando este atrapado en una posición aún más desventajosa de la que siempre se encontró, contradiciendo el espíritu del proyecto que lo creó. Si retomamos el fin de la propuesta, este fue la búsqueda de pautas claras, que, con la formalización de las entregas, traería equidad entre los actores del proceso, siendo beneficiado con esto no solo el productor sino a toda la cadena productiva de la que no es ajena gran parte de la provincia.