El contador y exlegislador provincial por el Partido Justicialista Javier Cofano, hombre del sur de Mendoza, cuenta la historia de Portezuelo del Viento.
Javier Cofano

Los primeros estudios sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Grande datan de 1950, realizados por la empresa estatal Agua y Energía, como tantos otros proyectos a lo largo y a lo ancho del país.

Los distintos gobiernos que administraron la provincia de Mendoza promovieron su construcción, como un motor del desarrollo del sur mendocino. Es así que se realizaron estudios y se contrataron distintas consultorías para estudiar la factibilidad técnica y económica de las obras que contemplaban la construcción de cinco centrales encadenadas y además, se incluyó la posibilidad del trasvase del Río Grande al Atuel en base a los derechos que le corresponden a Mendoza.

Estos derechos provienen de la Ley Convenio Nº 21.611 del año 1977 por la cual se concedió a Mendoza el uso consuntivo de 34 m3 por segundo de las aguas del Rio Grande. Esta ley fue suscripta por todos los integrantes del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado). Esto es porque la confluencia del Río Grande y el Río Barrancas da origen al nacimiento del Río Colorado.

Los distintos avatares económicos y políticos de nuestro país fueron relegando la concreción de estos proyectos.

Por lo tanto, aquí hay dos temas en juego, la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento y por otro lado el uso de los 34 metros cúbicos del Rio Grande. Por eso es necesario aclarar los siguientes puntos.

Portezuelo del Viento

En el año 2007 la Procuración General de la Nación otorga la razón a la provincia de Mendoza en el juicio que ésta había entablado por los daños económicos derivados de la promoción industrial que gozaban las provincias vecinas. Previo al fallo de la Corte Suprema el gobierno radical de Julio Cobos decide renunciar al cobro de la indemnización a cambio de un convenio por el cual la nación se compromete a financiar la obra de Portezuelo del Viento.

Luego de años de reclamos, discusiones y estudios, se produce la activación de este acuerdo en el año 2017 y se materializa con un convenio concreto de transferencia de los fondos para que Mendoza ejecute la obra. La nación se compromete con un cronograma de desembolsos de LETES en dólares, cuyo vencimiento copia la curva de inversión con un año de anticipación. Este acuerdo fue aprobado en la legislatura provincial hace pocos meses, junto a la constitución del fideicomiso encargado de administrar estos fondos y pagar la obra. Una parte de los fondos ya han sido transferidos a la provincia.

Es claro que los fondos no son una dádiva, un préstamo o una concesión graciosa a favor de Mendoza, sino fondos que nos corresponden por derecho.

Finalmente, y abordando el tema de fondo, es necesario aclarar que con el proyecto Portezuelo del Viento no se pretende usufructuar el rio dejando sin agua a la cuenca. Por el contrario, la central hace un uso no consuntivo del agua, justamente el paso del agua es lo que genera la energía. El emprendimiento permite adicionalmente regular el caudal para embalsar cuando el agua no es necesaria para riego y erogar cuando hace falta. La central que quedaría en manos de la provincia permitiría vender la energía producida y generar un polo turístico en el sur de la Provincia.

¿Cuál es el perjuicio para las provincias vecinas?

Derechos sobre las aguas del Río Grande

En segundo lugar, los mendocinos tenemos derecho a los 34 metros cúbicos del rio grande que nos otorgó la ley, que podrán utilizarse con el vuelco de esas aguas al río Atuel o con algún otro mecanismo alternativo. Pero si no hacemos uso de ese derecho las otras provincias otorgaran derechos de riego aguas abajo que terminaran extinguiendo las posibilidades de uso del agua para Mendoza.

¿Qué dicen los defensores del agua de Mendoza?

¿Qué dirán dentro de 50 años los mendocinos si no defendemos este derecho?

Si la sociedad mendocina tolera en silencio la suspensión o la dilación en el envío de los fondos estaremos sufriendo un doble despojo, el que produjo la promoción industrial en las provincias vecinas y el derecho a generar energía y utilizar un rio que nace en nuestra provincia.

Las provincias que integran el COIRCO conocen el proyecto y los estudios que lo avalan. Sería bueno conocer cuáles son las razones que justifican el desacuerdo.

Daria la sensación que las provincias que se encuentran aguas abajo en esta cuenca se oponen a cualquier intento de aprovechar o regular el rio por parte de Mendoza. Si no hacemos valer nuestros derechos pretenderán usufructuar cada metro cúbco de agua sin nuestra participación.

Esta obra es casi un símbolo de nuestro espíritu emprendedor y progresista, años de esfuerzos, reclamos, discusiones análisis y estudios que finalmente se materializaron en un acuerdo institucional entre Nación y Provincia. Si claudicamos seguiremos en el camino de la declinación y la decadencia.

Javier Cofano

C.P.N.